Publicado por Joaquín Olona en iagua (9-03-2015).
A la vista de la imagen de satélite, ampliamente difundida, sobre la reciente inundación del Ebro, a quienes anteponen la protección del río frente a cualquier otro propósito cabe preguntarles a dónde y cuando se traslada la ciudad de Zaragoza.
Publicado por Joaquín Olona en iagua (9-03-2015).
A la vista de la imagen de satélite, ampliamente difundida, sobre la reciente inundación del Ebro, a quienes anteponen la protección del río frente a cualquier otro propósito cabe preguntarles a dónde y cuando se traslada la ciudad de Zaragoza.
Publicado por Joaquin Olona en Heraldo de Aragón (3-01-2015) y anteriormente en iagua (23-12-2014).
La Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón, promulgada recientemente por las Cortes de Aragón, pone nuevamente en cuestión un prinicipio esencial para la gobernanza del agia como es el de la unidad de cuenca.
Ponencia presentada en la Conferencia Internacional sobre Modelos de Buena Gobernanza del Agua y Stop al CO2. Life Power Project. Logroño, 12 de Septiembre de 2013.
Siendo determinante la innovación tecnológica en el ámbito del uso agrario del agua y la energía, el verdadero reto es institucional. Los avances tecnológicos se producirán con toda seguridad, aquí o allá da igual puesto que se transfieren y adaptan con suma facilidad. Lo que no es tan seguro es que se produzcan los avances institucionales necesarios para lograr el uso eficiente del agua que, por ser específicos del territorio, no se pueden copiar.
Por Joaquín Olona. Curso de Derecho Agrario y Gestión del Agua. Confederación Hidrográfica del Ebro. 30 de Mayo de 2013.
Urge implementar una política de agua más realista y eficaz mediante una una nueva gobernanza acorde con la realidad alimentaria y energética, que supere el vigente paradigma de la escasez y el subdesarrollo tecnológico e institucional mediante la innovación.
Por Joaquín Olona. Publicado en iagua 5 de junio de 2013.
El reconocimiento mundial de las soluciones institucionales españolas en materia de agua contrasta con la escasa valoración y atención que nuestra propia sociedad les viene concediendo durante los últimos tiempos.
A punto de que la propuesta original de creación de las actuales Confederaciones Hidrográficas cumpla su primer centenario y sin que tales instituciones hayan logrado desarrollar todo el potencial que concibieron sus creadores, la situación de la gobernanza del agua resulta tan preocupante como intolerable les pareció en 1913 a quienes promovieron el Primer Congreso Nacional de Regadíos de Zaragoza.
La Federación Agraria Aragonesa, preocupada por la situación a la que estaban conduciendo las que a su juicio eran injustificadas y exacerbadas campañas en contra de las obras hidráulicas y el regadío, el 28 de junio de 1913 acordó celebrar, en Zaragoza, un congreso en el que .
Entre los días 2 y 6 de octubre de 1913, en la entonces Facultad de Medicina y Ciencias, ahora Rectorado de la Universidad de Zaragoza-, se celebró el Primer Congreso Nacional de Riegos. Contó con 657 inscritos pertenecientes a 312 entidades de toda España y tuvo una enorme trascendencia.
Este primer Congreso puso en marcha un profundo debate que, junto con las sucesivas ediciones de Sevilla (1918), Valencia (1921), Barcelona (1927) y Valladolid (1934), influyó de manera decisiva en el desarrollo de las políticas hidráulica y agraria españolas de la primera mitad del siglo XX.
Pero el Congreso de Zaragoza de 1913 tuvo, por sí mismo, una importancia capital. Sobre todo por dos aportaciones que derivaron innovaciones institucionales de primer orden, la de Manuel Marraco y la de Félix Martínez Lacuesta.
El abogado y político aragonés Manuel Marraco –Ministro de Hacienda entre marzo de 1934 y abril de 1935-, en su ponencia “”, reclama la moralización de la política, la necesidad de remover los excesivos obstáculos existentes entre los legisladores y los ciudadanos poderdantes, la utilidad social e interés general de las obras hidráulicas, cuya realización debe ser confiada al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, la exclusividad de las Comunidades de Regantes como concesionarias de tales obras así como la conveniencia de que los recursos naturales, cuya utilización conviene a la colectividad, sean exclusivamente explotados por la entidad política más directamente interesada.
Félix Martínez Lacuesta, abogado, político y bodeguero riojano, en su ponencia “” propone crear una entidad independiente que, representando los intereses más análogos de la cuenca del Ebro, aporte la fuerza y la inteligencia necesaria para ejercer una acción común encaminada a convertir en realidad las aspiraciones de carácter económico que previamente incluya en su programa. En concreto propone abordar el Plan de Riegos del Alto Aragón, que por su dimensión afecta a toda España, regularizar el caudal del Ebro mediante el Pantano de Reinosa, potenciar la producción hortofrutícola para su exportación a Londres y el Norte de Europa, desarrollar las redes de transporte y las estructuras comerciales necesarias para acceder a tales mercados, imponer la acción común para luchar contra las plagas del campo y reforzar la guardería rural ya que los frutos que son valiosos, por ser más apetecibles, necesitan de mayor vigilancia.
La ponencia de Martínez Lacuesta, al introducir la idea de unidad de cuenca y llamar a la implicación directa de todos los interesados en la gestión de los recursos, se considera el germen de las Confederaciones Hidrográficas. Así lo declara expresamente el padre de las Confederaciones Hidrográficas, Manuel Lorenzo Pardo tras lograr que el 5 de marzo de 1926 el Gobierno de entonces no sólo aprobara la primera Confederación Hidrográfica del mundo, la del Ebro, sino que, valorando el interés de la idea, aprobara ese mismo día otro RD por la que se autorizaba, con carácter general, la creación de tales entidades - Confederaciones Sindicales Hidrográficas- en el resto de las cuencas. Una aportación netamente española a la gobernanza del agua, de particular interés para los contextos hidrológicos en los que, sin regulación hidráulica, no puede disponerse de agua con la seguridad física y jurídica necesaria. Una aportación que enseguida empezó a extenderse por todo el mundo.
El reconocimiento mundial de las soluciones institucionales españolas en materia de agua contrasta con la escasa valoración y atención que nuestra propia sociedad les viene concediendo durante los últimos tiempos. Como también es escasa y muy insuficiente la atención prestada por las autoridades comunitarias, empeñadas en promover soluciones basadas en la competencia y el mercado. Y todo ello, a pesar de que los enfoques institucionales basados en la cooperación y en la acción colectiva, plenamente coherentes con aportaciones científicas más recientes, reconocidas incluso con el Premio Nobel como es el caso de John Nash (1994) o de Elinor Ostrom (2009).
Existen suficientes evidencias científicas, empíricas, históricas y culturales para poder afirmar que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones específicas que generen incentivos coherentes con los objetivos, anteponiendo la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Consecuentemente, es preciso asegurar la participación efectiva y responsable de los usuarios y representantes de la ciudadanía, profundizando en la institucionalización de los procesos de negociación y concertación en los que debe traducirse la cooperación. Por todo ello, las Comunidades de Usuarios, la Confederaciones Hidrográficas y el principio de unidad de cuenca aportan fundamentos institucionales de gran valor, que permiten afrontar los retos del siglo XXI y ser referentes europeos si se aborda un proceso de impulso y desarrollo institucional coherente con las nuevas exigencias y necesidades.
Habiendo transcurrido un siglo desde que Félix Martínez Lacuesta aportara su visionaria idea de una gobernanza del agua basada en la unidad de cuenca y en la participación directa de los usuarios, es momento de promover un nuevo impulso institucional acorde con los retos del siglo X Partenariado del Agua del Ebro que, al igual que se hizo hace cien años, llama a defender su opinión a todos quienes deseen hacerlo, con la seguridad de que todos hallarán el merecido respeto.
Por Joaquín Olona. Publicado en iagua el 8 de mayo de 2013.
Más grave que la escasez física es la contaminación y la falta de inversión. La innovación, tanto tecnológica como, sobre todo, institucional resulta esencial para hacer frente a los retos del agua.
El paradigma vigente en relación con el agua descansa en la idea de su escasez física, lo que lleva a poner todo el énfasis en el ahorro. Sin embargo, muchos de los problemas tienen su origen en la mala gestión de los poderes públicos (LLAMAS, M. R., 2005). El actual enfoque del debate sobre la crisis del agua resulta cuestionable por entender que lo más grave no es la escasez sino la contaminación y la falta de inversión (BISWAS, A., 2005).
En realidad, el agua es un recurso globalmente abundante si bien las condiciones locales imponen obstáculos que, con las herramientas tecnológicas, económicas e institucionales actualmente disponibles, pueden resultar insalvables salvo que se aborden profundas acciones de innovación tecnológica e institucional.
El agua dulce (35 millones de Km3) representa una pequeña fracción de toda el agua del planeta (1.400 millones Km3) respecto de la que la lluvia anual que reciben las tierras emergidas (110.000 Km3) resulta prácticamente un volumen insignificante. Algo menos de la mitad de la lluvia acaba en los ríos, lagos y acuíferos (42.000 Km3). El resto la retiene el suelo para evaporarla directamente o a través de las plantas (68.000 Km3). La primera, el “agua verde”, por ser objeto de extracción centra la atención de la planificación hidrológica convencional que excluye la segunda, el “agua verde”. Ambas, la azul y la verde, configuran el recurso renovable si bien la verde también queda excluida del agua “económicamente accesible”, un concepto relativo por estar ligado a las tecnologías disponibles en el momento y a las posibilidades económicas para su aplicación. Su volumen varía según las fuentes entre 9.000 y 14.000 Km3 anuales.
La extracción total de agua se cifra en 3.800 Km3 (FAO) lo que equivale a 30 partes por millón del volumen total de agua existente en el Planeta y al 9% del agua azul. Sin embargo, la contaminación incide de forma mucho más extensa, pudiendo llegar a afectar a la práctica totalidad del recurso. De ahí la relevancia de la calidad de las aguas y de la lucha contra su contaminación.
El regadío es responsable del 69 % de todas las extracciones de agua, representando el 6,23 % de los recursos renovables extraíbles; la FAO prevé que las extracciones del regadío aumentará, hasta 2050 un 11% (BRUINSMA, J. 2009).
Los ríos son las fuentes de agua sobre los que el impacto de las actividades humanas resulta particularmente aparente y visible. Sobre todo por la magnitud de los volúmenes de extracción, vertido y contaminación, en relación con la escasa proporción de agua azul que representan (5%). La Declaración de Brisbane (Austria, 2007) señala que los caudales ecológicos son esenciales para la salud de los ecosistemas de agua dulce y el bienestar humano. Sin embargo, el mantenimiento de estos caudales resulta uno de los aspectos más controvertidos, sobre todo cuando los caudales son temporalmente irregulares y/o tratan de regularse hidráulicamente.
De todas las necesidades humanas, la más exigente en agua es la alimentación. Se necesita entre 50 y 100 veces más agua para producir nuestra comida que la que utilizamos en nuestra casa (FALKENMARK, M., 2012). Hacen falta unos 5 litros diarios para beber, otros 50 litros más para la higiene personal y no más de 200 litros por persona y día para los servicios urbanos y la industria. Sin embargo, para producir la comida diaria requerida por una persona se necesitan 3.000 litros de agua. Una cantidad en gran medida determinada por dos factores naturales esenciales. Uno es el clima, que determina el nivel de evapotranspiración de los cultivos. El otro es el rendimiento fotosintético, un proceso extraordinariamente exigente en agua que, para fijar CO2 y producir una sola molécula de glucosa necesita entre 300 y 600 moléculas de H2O. No es casual, ni consecuencia del derroche, que la agricultura sea la principal responsable de la huella hídrica y de la extracción de agua.
La huella hídrica total de la humanidad, que es la cantidad de agua utilizada para producir todos los bienes y servicios consumidos, se cifra en 9.087 Km3/año (HOEKSTRA & MAKONNEN, 2012). Representa algo menos del 10% de la precipitación anual. La huella azul o consumo procedente de los ríos, lagos y acuíferos (huella azul) se valora en 1.025 Km3/año. Teniendo en cuenta los 3.800 Km3/año a los que asciende la extracción total (FAO), el consumo real (evaporación) tan sólo sería una cuarta parte de dicha extracción; las tres cuartas partes restantes estarían siendo devueltas al sistema hidrológico tras su utilización. De ahí la importancia de subrayar la diferencia entre “extracción” y “consumo” así como la importancia de los “retornos” o volúmenes devueltos, normalmente contaminados y con pérdida de energía potencial, al sistema hidrológico tras el uso.
La agricultura contribuye con el 92 % a la huella hídrica total. Pero mientras que en el caso de los usos industriales y domésticos toda la huella es azul, en el caso de la agricultura la huella verde es 7 veces mayor que la azul. En realidad, toda la huella verde corresponde a los cultivos. También es destacable el hecho de que siendo tan determinante la agricultura en la huella total, lo es menos en la llamada huella gris (53%), que es la cantidad de agua equivalente para diluir los contaminantes hasta un nivel aceptable.
El regadío mundial se ha duplicado prácticamente durante los últimos 50 años hasta alcanzar en 2010 una superficie de 318 millones ha; supone el 20% de la superficie agrícola mundial y concentra el 40% de la producción agrícola (FAOSTAT). A partir de los resultados de Hoekstra & Makonnen (2012) cabe atribuir al regadío (huella azul) el 12% del consumo total de agua agraria. Por tanto, no es cierto que el regadío sea la actividad humana que más agua utiliza y consume tal como de forma habitual y reiterada se afirma; lo es el secano (huella verde). Teniendo en cuenta su significación productiva y que el aumento del rendimiento por hectárea reduce considerablemente la huella hídrica (Hoekstra & Makonnen, 2011), el regadío resulta esencial para lograr la eficiencia en el uso agrario del agua.
Las posibilidades de ahorro de agua en la agricultura podrían estar sobrevaloradas, particularmente en cuencas limitadas donde las medidas de control de la demanda suelen dar lugar a que algunos usuarios puedan aumentar sus consumos en detrimento de los usuarios aguas abajo y donde se pone de manifiesto que la gestión del suministro sigue siendo la forma más efectiva de reducción del uso y que, en muchos casos, el aumento del mismo es inevitable (MOLLE & TURRAL, 2004).
Las mejoras tecnológicas del riego suelen ir asociadas a una mayor intensificación productiva y un aumento en el consumo de agua (PERRY, C., 2008). El incremento de los rendimientos de los cultivos conlleva mayores consumos absolutos de agua (KELLER, A. & SECKLER, D., 2005). La modernización de regadíos mejora la eficiencia del uso del agua en las explotaciones y su productividad, reduciendo también la contaminación del medio hídrico; sin embargo, no reduce necesariamente los volúmenes de agua utilizados tendiendo incluso a incrementarlos (LECINA, S., ISIDORO, D., PLAYÁN, E., ARAGÜES, R. 2009).
Suele ignorarse que la agricultura, aunque a menudo en una forma degradada, devuelve volúmenes significativos de agua al sistema hidrológico (BURKE, J. el al., 2004) que no son verdaderas pérdidas por incorporarse al sistema hidrológico para nuevos usos, incluido el ambiental. A escala regional, las fracciones de consumo y de reutilización son mucho más relevantes que la eficiencia de riego propiamente dicha (ALLEN, R.G. et al., 2005). Esto exige usar la cuenca agrícola como unidad de evaluación, en un enfoque de gestión integrada, que permita tener en cuenta la multiplicidad de los usos del agua y considerar la calidad de los flujos de retorno (FERNÁNDEZ, M.S., 2007).
Poner todo el énfasis en la mejora de la eficiencia técnica de riego en las fincas, tratando de reducir todo tipo de pérdidas y sin tomar en consideración el ámbito más amplio de la cuenca, la reducción del volumen de retorno a los cauces y a los acuíferos puede ocasionar otros impactos negativos sobre el medio ambiente y el equilibrio de los recursos (PERRY, C., 2008). Comprender la diferencia entre uso y consumo así como sus implicaciones hidrológicas resulta imprescindible para la elaboración de políticas de agua sensatas. Las interacciones entre las políticas agrícolas y las del agua son complejas y su comprensión resulta crucial para el logro de una gestión eficiente del agua (FLICHMAN, G. et al., 2004).
El ahorro de agua puede carecer de sentido en los regadíos infradotados y alejados de su potencial productivo. Sobre todo, si para lograrlo se introducen costes energéticos, o de otra naturaleza, desproporcionados.
La manera verdaderamente eficaz de ahorrar agua en la agricultura es reducir la evaporación ajena al cultivo propiamente dicho, que es la que no se traduce en producción de alimentos. Por ejemplo la del suelo, la que se produce en las infraestructuras abiertas de almacenamiento, transporte y distribución del agua de riego o la que generan las malas hierbas. Pero también logrando una mayor producción por gota evaporada, lo que se consigue elevando los rendimientos, por ejemplo, mediante la transformación el secano en regadío y la aplicación de otras herramientas agronómicas y tecnológicas.
Sin embargo, lo esencial en relación con el agua es la innovación, tanto tecnológica como, sobre todo, institucional. La asignación del agua entre los diferentes usos, además de eficiente, debe ser justa. Lograrlo depende de la puesta a punto y perfeccionamiento de mecanismos que incentiven la cooperación, la negociación y la concertación entre los agentes implicados. Unos mecanismos que difícilmente pueden encontrarse en los mercados ni en los estados sino que deben surgir de la acción colectiva de los propios usuarios.
Por Joaquín Olona. Publicado en iagua el 28 de febrero de 2013.
La consideración del regadío como un nuevo proveedor potencial de agua para la naturaleza plantea multitud de interrogantes. En todo caso, pone de manifiesto la necesidad de abordar profundos procesos de innovación institucional, imprescindibles para una gobernanza del agua acorde con los requerimientos del siglo XXI.
El Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa (CE, 2012) reconoce que el medio acuático de la Unión Europea es muy heterogéneo y que, por tanto, es imposible una única solución para todas las situaciones.
El Plan propone reducir la asignación de agua a la agricultura y aumentarla para los usos ambientales. Se tiene así un conflicto potencial cuya resolución puede verse dificultada si, como también propone el Plan, la reasignación se confía exclusivamente a los mecanismos de mercado.
Contemplar la agricultura, concretamente el regadío, como un nuevo proveedor potencial de agua para la naturaleza plantea multitud de interrogantes. Existen suficientes evidencias empíricas que permiten afirmar que la mejora de la eficiencia de riego no siempre conduce, necesariamente, a la reducción de los volúmenes de agua utilizados. También puede afirmarse con seguridad que es perfectamente posible mejorar la eficiencia de riego aumentando al mismo tiempo los volúmenes de agua utilizados. Las exigencias de competitividad, así como la demanda creciente de alimentos, plantean retos productivos agrícolas de tal envergadura que difícilmente permitirán reducir, en términos absolutos, los volúmenes de agua actualmente utilizados.
El Plan propone reasignar el agua aplicando políticas de precios. Propone, concretamente, profundizar en la tarificación y la recuperación de costes a los que se refiere al artículo 9 de la Directiva Marco del Agua. Afirma el Plan, aunque no lo demuestra ni lo justifica, que el hecho de no fijar el precio de un recurso escaso como el agua constituye una subvención perjudicial para el medio ambiente y que la política de precios es un incentivo para el consumo eficiente del agua. Valora positivamente que las propuestas de la Comisión Europea relativas al desarrollo rural y la cohesión exijan la existencia de políticas de precios como condición previa para la obtención de financiación de determinados proyectos. También valora positivamente el Plan que el apoyo al regadío se condicione al ahorro de los volúmenes de agua utilizados y anima a la introducción de exigencias específicas en relación con la Directiva Marco del Agua en el mecanismo de condicionalidad de la Política Agrícola Común (PAC).
Los conflictos lo son porque las partes tienen intereses distintos, incluso contrapuestos. Pero la resolución de los conflictos tiene muy poco que ver con el mercado (competencia) y sólo puede lograrse en la práctica mediante la negociación (cooperación). Que la negociación se traduzca en acuerdos estables depende del contexto institucional en la que se lleva a cabo, es decir, de las reglas formales (jurídicas, económicas o políticas) e informales (culturales, éticas, etc.) bajo las que se lleve a cabo dicha negociación y de su capacidad para inducir las restricciones e incentivos necesarios. Por eso, el Plan hace muy bien en reclamar un marco institucional eficaz para garantizar una buena gobernanza del agua a la escala de cuenca hidrográfica. Sin embargo, es muy dudoso que esté tan acertado cuando limita dicha institucionalidad, necesaria y exclusivamente, al mercado.
En los mercados, los mecanismos de oferta y demanda conducen a equilibrios donde los precios resultantes conducen a la asignación eficiente. Pero eso exige aproximarse a las condiciones de competencia perfecta. Una condiciones que implican, entre otras, que no haya costes de transacción o, al menos, que tales costes sean escasos. Sin embargo, el propio Plan considera que los mecanismos de intercambio de derechos del agua (mercados del agua) no son útiles a escala de la UE porque conllevan elevados costes administrativos, es decir, altos costes de transacción.
Otra condición exigible al mercado para que garantice la asignación eficiente es que la información sea completa, simétrica, fácilmente accesible, etc. Sin embargo, el Plan admite la existencia de importantes carencias y lagunas de conocimiento. Por ejemplo, la Unión Europea no cuenta con una definición de caudal ecológico ni tiene una metodología que permita su cálculo. El Plan propone afrontar tales carencias y lagunas, lo que no asegura que puedan resolverse.
Según el Plan, únicamente el 49% de los planes hidrológicos de cuenca de la UE recién elaborados proponen modificaciones en el sistema de tarificación del agua y, sólo el 40% de ellos, incluyen medidas para mejorar la medición del agua, una acción previa imprescindible para cualquier política de precios incentivadora, según afirma expresamente el Plan.
El Plan, al rechazar implícitamente cualquier política de oferta, rechaza la posibilidad de generar recursos adicionales dando por hecho que todos los recursos disponibles ya están asignados. Pero todo esto, en un escenario hidrológico tan diverso y complejo como es el de la UE, resulta cuestionable y no debería admitirse como axioma del nuevo paradigma del agua.
No hay duda sobre la necesidad de que la asignación del agua debe ser eficiente y sostenible, tal y como invoca el Plan. Pero también debe ser justa, un atributo que aunque el Plan no cita debería estar bien presente.
Siendo imprescindible introducir cambios sustanciales en los esquemas vigentes de asignación y usos del agua, las Comunidades de Usuarios y las Confederaciones Hidrográficas españolas aportan elementos institucionales de gran valor sobre los que construir la nueva gobernanza del agua. Una gobernanza que depende de una nueva institucionalidad que, dando cabida a todos los usuarios legítimos del agua, debe amparar y facilitar los procesos de negociación imprescindibles para la resolución, de forma eficiente, sostenible y justa, del conflicto que implica aumentar los caudales ecológicos a costa de la agricultura y de la alimentación.
Referencias:
CE (2012). Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones. COM (2012) 673 final de fecha 14-11-2012.
Ver publicación en iagua (28-02-2013) http://www.iagua.es/blogs/joaquin-olona/cooperar-para-resolver-los-conflictos-del-agua.
La asignación eficiente, sostenible y justa del agua exige un marco institucional específico que sea capaz de generar incentivos coherentes con los objetivos.
La institucionalidad específica del agua debe anteponer la acción colectiva, la cooperación y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Pero, ni la acción colectiva ni la cooperación necesarias surgirán por sí mismas si no se crean las restricciones e incentivos necesarios para impulsarlas y desarrollarlas.
Las Comunidades de Usuarios y las Confederaciones Hidrográficas, en el marco de la unidad de cuenca, aportan fundamentos institucionales de gran valor para afrontar los retos de la gobernanza del agua del siglo XXI. Pero para ello es preciso afrontar un proceso de innovación y desarrollo institucional coherente con las nuevas exigencias y necesidades.
Presentado en el Seminario organizado por la organización agraria COAG-UAGA en Zaragoza, el 12 de Febrero de 2013, dirigida a representantes regionales y comarcales de la propia organización.
La Conferencia Internacional ONU-Agua, celebrada en Zaragoza los pasados días 8 al 10 de enero, reconoce la importancia de las Comunidades de Regantes.
Los objetivos ambientales que persigue la Directiva Marco del Agua no son abordables elevando las tarifas del agua. Sin embargo, sí que existen otros instrumentos alternativos más adecuados que contribuyen, además, al logro de otros objetivos complementarios.
La cantidad de agua utilizada en el mundo, con el crecimiento demográfico y de las necesidades asociadas, aumenta sin cesar empeorándose, además, la calidad de los ecosistemas asociados. Esto ha motivado una creciente preocupación y, también, que el agua se trate como un bien económico. Sin embargo, no es un bien comercial, es decir, no está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda del mercado. Además, su consideración económica tampoco excluye otros valores de índole social y cultural que de hecho, también se le reconocen. Sobre este escenario, y con la preocupación de la mejora de la calidad ecológica del agua, se aplica la Directiva Marco del Agua (DMA).
Una de las novedades de la DMA es la referencia a los precios como posible instrumento para la mejora ecológica del agua. Hay quienes sugieren que la competencia entre los diferentes usuarios del agua llevaría al establecimiento de unos precios que optimizarían los usos, entre ellos el regadío que es el que más agua utiliza. Pero este esquema es una completa ficción puesto que, como ya se ha dicho, el agua ni es un bien de mercado ni tiene sentido que lo sea.
La DMA plantea que el precio repercutido a los usuarios del agua, regantes incluidos, debería contribuir a la recuperación de tres tipos de costes: los financieros, los ambientales y los de los recursos en sí mismos. Los primeros hacen referencia a la amortización, mantenimiento y operación de las infraestructuras hidráulicas (embalses, canales y redes). Los segundos, contemplan los costes asociados deterioro ambiental que provocan los usos. Los terceros reconocen el valor del agua en sí misma.
El grado de recuperación del gasto público en infraestructuras relacionadas con el agua, que suelen prestar múltiples funciones, no está suficientemente estudiado y, en la práctica, su determinación es bastante complicada. Sin embargo, y contrariamente a lo que suele decirse, los niveles de recuperación suelen ser bastante elevados; incluso pueden resultar desproporcionados si se tiene en cuenta la calidad del servicio recibido en relación con las necesidades de los regantes y su nivel de satisfacción.
Los cánones de riego y tarifas de agua que abonan actualmente los regantes se corresponden estrictamente con lo que la DMA llama costes financieros. La cuestión es si las cantidades repercutidas por este concepto son las adecuadas y si deben añadirse otras relativas a costes ambientales y “de los recursos en sí mismos” tal y como propone la Directiva.
El ordenamiento jurídico español, en relación con el agua, tal y como señalan prestigiosos juristas, basa sus fundamentos en el principio de gratuidad. El hecho imponible está limitado a las infraestructuras hidráulicas y la aplicación de cánones y tarifas para la recuperación de los costes asociados a las mismas no contradice el citado principio de gratuidad. En cambio, sí que podría contradecirlo la aplicación de cánones y tarifas destinadas a la supuesta recuperación de los otros dos costes que propone la DMA: los de naturaleza ambiental y los de los recursos en sí mismos, cuya determinación, por otro lado, resulta de una enorme complejidad técnica que dista mucho de estar resuelta.
En cualquier caso debe tenerse en cuenta las características del sector agrario que, como es sabido, presenta notables insuficiencias en la remuneración de todos sus factores productivos, en particular el trabajo. La renta de los agricultores es muy inferior a las del resto de los sectores; por eso reciben subvenciones.
Pero además, el regadío, presenta otras muchas funciones económica y sociales, todas ellas de muy difícil cuantificación monetaria, pero de indudable interés general: el carácter estratégico de la alimentación, la diversificación productiva, la contribución al desarrollo rural y al equilibrio territorial, etc.
Siendo mucho lo que se desconoce, se sabe que la elevación de los precios del agua no necesariamente reduce los volúmenes utilizados por los regantes. Esto es lo que pone de manifiesto un reciente estudio llevado a cabo en Navarra que, de hecho, desaconseja la elevación de los precios del agua a los regantes de la Comunidad Foral. Siendo varias las razones pueden destacarse dos de ellas. La primera, que los precios actuales, siendo ya bastante elevados en relación con la capacidad de pago del sector y de la calidad de los servicios, contribuyen a un grado de recuperación de costes suficiente; la segunda, que el aumento de los precios, por encima de los niveles actuales, sólo serviría para reducir todavía más la renta de los agricultores. El Estudio recomienda profundizar en otras políticas tales como la mejora de las estructuras agrarias, sobre todo de las infraestructuras hidráulicas y de riego, el desarrollo y promoción de las Buenas Prácticas Agrarias, la mejora de la gestión de las concesiones de agua o la penalización del consumo excesivo de agua, cuando realmente lo sea. Se trata de instrumentos que pueden contribuir, además, a integrar los objetivos ambientales de la DMA con los que persiguen otras políticas públicas, entre ellas la propia PAC.
ELINOR OSTROM SUGIERE QUE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA HARÍAN BIEN EN INDAGAR, CON LA PROFUNDIDAD Y MEDIOS ADECUADOS, EN EL PATRIMONIO CULTURAL Y SOCIAL DEL MUNDO RURAL.
Nunca han faltado, ni faltan, quienes han augurado toda clase de fatalidades como consecuencia del agotamiento de los recursos naturales. El primero en hacerlo formalmente fue Thomas Robert Malthus, quien en 1798 anunció que la agricultura no sería capaz de dar respuesta al crecimiento de la población. Otro, más reciente, fue Garret Hardin quien, en 1968, publicó en Science el artículo “La tragedia de los comunes”. En él afirmaba, nada más y nada menos, que la libertad reproductiva humana es intolerable porque conduce a la ruina colectiva a través de la sobrepoblación. En tiempos de Malthus el mundo tenía 850 millones de habitantes y cuando el artículo de Hardin, unos 3.500 millones. Pronto seremos 7.000 millones y por suerte, al menos de momento, los hechos no han dado la razón a ninguno de los dos.
En realidad, “la tragedia de los comunes” fue una parábola que formuló en 1833el matemático William Foster Lloyd. Con ella rebatía la idea de Adam Smith de que cuando cada individuo actúa en su propio beneficio está contribuyendo al interés colectivo. Un pastor que aprovechaba unos pastos comunales decidió añadir a su rebaño una oveja entendiendo que su beneficio no ocasionaría perjuicios perceptibles (…total, por una oveja más…). Así, de una en una, fue añadiendo ovejas al rebaño. Los demás pastores hicieron lo mismo. El aumento de las ovejas, de una en una, llevó finalmente al agotamiento de los pastos, a la pérdida de todas las ovejas, que murieron de hambre, y a la desaparición de la sociedad pastoril.
A pesar de su aparente ingenuidad, el cuento ha motivado una profunda reflexión en la que Elinor Ostrom ha destacado hasta el punto de convertirse en la primera mujer en obtener el Nóbel de Economía. A partir de numerosos estudios de casos concluye que los bienes comunes no siempre acaban en tragedia. Identifica casos cuyo éxito, que no se explica por el análisis económico convencional, lo atribuye al funcionamiento eficaz de instituciones tradicionales, que son ajenas al mercado y al Estado. Dichas instituciones demuestran su capacidad para resolver dilemas derivados de conflictos de interés así como para garantizar el buen estado y conservación de los recursos. En España tenemos abundantes ejemplos: Comunidades de Regantes, Montes y Pastos Comunales, Cofradías de Pescadores y otras figuras similares.
El trabajo de Ostrom muestra que podría existir una tercera vía, además de las dos habitualmente presentadas como únicas: el mercado y el Estado. Sin embargo, por asociarse con fórmulas ancestrales, rurales e inaccesibles a los análisis convencionales, permanece invisible e inexplorada, cuando no despreciada. Son normas y costumbres locales, supervisadas por los propios interesados y basadas en la cultura y el conocimiento tradicional acumulado por generaciones. Sólo si se analizan de forma adecuada, Ostrom lo ha hecho aplicando la Teoría de Juegos, muestran su capacidad para la gestión eficiente de recursos tan complejos como el agua, los bosques o la biodiversidad.
Al igual que la investigación biomédica busca remedios en la biodiversidad, el trabajo de Ostrom sugiere que la economía y la política harían bien en indagar, con la profundidad y medios adecuados, en el patrimonio cultural y social del mundo rural, que puede ofrecer soluciones verdaderamente sorprendentes.
Mientras que “gobernar” hace referencia a mandar con autoridad, la gobernanza alude a que los gobernantes, los políticos y la sociedad civil, a través de las instituciones, sean capaces de entenderse inteligentemente en beneficio de todos. No parece que sea éste el camino que está tomamdo la política del agua en España. El reciente Decreto-Ley 12/2011 de 26 de agosto, aprobado por el Consejo de Ministros, modifica el artículo 94 de la Ley de Aguas contemplando la posibilidad de traspaso competencias, desde la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas, en relación con el Dominio Público Hidráulico. Habiendo tenido escasa o nula repercusión mediática, ha despertado, sin embargo, una gran preocupación en los sectores afectados. España cuenta con una extraordinaria experiencia y reconocimiento mundial en materia de política y administración pública del agua. No en vano fuen en Zaragoza, en 1913, donde se propuso la innovadora idea de institucionalizar la cuenca de un río, el Ebro. Esta idea, sin duda herencia del pensamiento de Joaquín Costa, se materializó en 1926 con la creación de la primera Confederación Hidrográfica del mundo, la del Ebro. Hasta entonces la cuenca fluvial, obviamente única, era un concepto puramente físico y geográfico. A partir de entonces, la cuenca fluvial pasa considerarse como una unidad de gestión. Esta idea, la de unidad de gestión de cuenca, se ha convertido en un principio universalmente aceptado que recoge la Directiva Comunitaria Marco del Agua así como multitud de manifiestos y declaraciones de todo tipo en todo el mundo. Entre ellos la Carta de Zaragoza de 2008 que literalmente señala: “La unidad de cuenca hidrográfica es el ámbito territorial más eficiente para aprovechar el agua y el que mejor permite resolver el conflicto entre países, regiones o usuarios”. La Constitución Española de 1978, en su artículo 149, establece la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación, la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una Comunidad Autónoma. Sin embargo este principio tan claramente expresado por nuestra Carta Magna está viéndose amenazado por una secuencia de decisiones políticas cada vez más preocupantes. La consideración de las llamadas Cuencas Internas en diferentes Comunidades Autónomas fue un primer paso hacia la fragmentación y segregación del esquema hidrográfico español inicial. Por la diversidad de organismos en que ha resultado y la dificultades que ha credado no puede considerarse un proceso ejemplar. El segundo paso lo dan los Estatutos Autonómicos que, por lo general, muestran una excesiva ambición en relación con el agua en tanto que pretenden administrarla en función exclusiva de los intereses de su territorio. Intereses legítimos, obviamente, pero que limitan el interés general al que debe someterse un recurso que, como el agua, es global. Y de aquellos polvos surgen estos lodos. El Decreto-Ley referido es un tercer paso, desde luego no definitivo, pero que promete crear más problemas que soluciones. Un tercer paso con el que nuestros políticos parecen empeñados en desarmar un modelo cuya eficacia ha sido admitido y adoptadao por la UE así como por muchos otros Estados en todo el mundo. Confienemos en que nuestros políticos y administradores públicos estén a la altura de las circunstancias que determinan nuestros propios referentes históricos así como nuestro valioso patrominio institucional en relación con la gobernanza del agua.
Elinor Ostrom (California, 1933) se convirtió en 2009 en la primera mujer en recibir el Nóbel de Economía “por su análisis de administración económica y organización de la cooperación” afirmando que “su trabajo demuestra que los bienes comunes pueden ser administrados de forma efectiva por un grupo de usuarios.” El reconocimiento del trabajo pionero de E. Ostrom por parte de la Academia Sueca ha supuesto un importante hito en la lucha contra los prejuicios acerca de la “tragedia de los comunes”.
Texto incluido en el programa del Tercer Congreso Nacional de Desarrollo Rural celebrado en Zaragoza, en el marco de FIMA, entre los días 15 a 18 de Febrero de 2012.
Publicado por J. Olona en la revista Tecnoambiente, Marzo 2012.
Congreso organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en el marco de la Feria Internacional de Maquinaria de Zaragoza (FIMA).
Conclusiones del Primer Congreso (2008)
Conclusiones del Segundo Congreso INNOVAR EN EL TERRITORIO (2010)
Conclusiones del Tercer Congreso COOPERAR PARA COMPETIR (2012)
Las Asociaciones Europeas para la Innovación (EIP’s, en inglés) son un nuevo concepto, propuesto por la CE en el marco de la Unión para la Innovación, que persiguen afrontar grandes retos sociales y hacerlo mediante la mejora de la competitividad europea en el actual contexto de globalización y restricciones presupuestarias. En la práctica, pretenden que los resultados de la investigación se traduzcan en innovaciones en el mercado mediante la definición de una visión común y la movilización de recursos, la reducción del ciclo de innovación, para la llegada al mercado de los resultados de la investigación, creando nuevas oportunidades de negocio, evitando la fragmentación de esfuerzos, reduciendo la complejidad, simplificando y coordinando iniciativas, instrumentos y programas existentes, así como aspectos de normativa, regulación y normalización.
Las EIP’s existentes son las siguientes:
- Envejecimiento activo y saludable.
- Productividad y sostenibilidad agrícola pdf.
- Materias primas.
- Agua, en la que propone reducir las extracciones de agua por debajo del 20% en todas las regiones europeas, entre otros objetivos.
- Ciudades inteligentes
Ante el reto alimentario que afronta la humanidad se impone considerar, con más acierto y rigor, la estrecha relación existente entre agua, agricultutra y seguridad alimentaria. Cuando el agua y la alimentación están llamadas a jugar un papel decisivo en el orden mundial, es preciso lograr una mayor integración entre política agraria y del agua, que también deben ser más realistas y eficaces.
Vivimos en un planeta que bien podría llamarse Agua en vez de Tierra. Pero siendo abundante, el agua no siempre es accesible. Las diferentes fuentes, desigualmente repartidas en el territorio, proporcionan agua en diferentes estados y condiciones que imponen obstáculos físicos para el uso. Las herramientas tecnológicas, económicas e institucionales disponibles, todavía rudimentarias, resultan ineficaces para remover muchos de los obstáculos y resolver los conflictos. Es por ello que algunos expertos señalan que, por lo general, más que problemas de escasez de agua hay problemas de mala gestión.
La lluvia anual que reciben las tierras emergidas supone un volumen de 110.000 Km3, que es una mínima fracción del agua del planeta (1.400 millones Km3). Algo menos de la mitad de la lluvia (42.000 Km3) acaba en los ríos, lagos y acuíferos (agua azul). El resto (68.000 Km3) la retiene el suelo para evaporarla directamente o a través de las plantas (agua verde). La primera, que por ser objeto de extracción centra toda la atención, es la que desde hace años se ha dado en llamar “agua azul”. La segunda, que suele excluirse de la planificación hidrológica convencional, es el “agua verde”. Ambas, la azul y la verde, son el recurso renovable sobre el que, con los instrumentos tecnológicos y económicos disponibles, inciden los usos actuales del agua
HOEKSTRA & MAKONNEN han publicado recientemente la “Huella hídrica de la humanidad”, que es la cantidad de agua utilizada para producir todos los bienes y servicios consumidos. La han cifrado en 9.087 Km3/año, que representa algo menos del 10% de la precipitación anual. Pero lo más llamativo es que valoran el consumo de agua procedente de los ríos, lagos y acuíferos (huella azul) en 1.025 Km3/año, que es la cuarta parte del agua total extraída (3.800 Km3/año) según la FAO. Esto quiere decir que el agua verdaderamente consumida (evaporada) tan sólo es una cuarta parte de la extraída (utilizada) y que las tres cuartas partes restantes son devueltas a las fuentes tras su utilización. Da la razón a quienes subrayan la diferencia entre “extracción” y “consumo” así como la importancia de los “retornos”, que es el agua devuelta, más o menos contaminada, al sistema hidrológico tras el uso. También sirve de apoyo a quienes advierten el desenfoque de la “crisis del agua”, afirmando que no es un problema de escasez sino de contaminación y falta de inversión.
La agricultura es la principal componente de la huella hídrica total. Los autores citados le atribuyen el 92 %. Mientras que en el caso de los usos industriales y domésticos toda la huella es azul, la huella verde de la agricultura es 7 veces mayor que su huella azul. En realidad, toda la huella verde corresponde a los cultivos. También es destacable el hecho de que siendo tan determinante la agricultura en la huella total, lo es menos en la llamada huella gris (53%), que es la cantidad de agua equivalente para diluir los contaminantes hasta un nivel aceptable.
Los resultados de Hoekstra & Makonnen ponen de manifiesto otro hecho crucial: el consumo de agua del regadío, que aporta el 40% de la producción, tan sólo representa el 12% del agua consumida por la agricultura mundial. Cabe concluir, por tanto, que el regadío es mucho más eficiente que el secano en el uso del agua. Los mismos autores (2011) constatan que el aumento del rendimiento por hectárea, que es lo que aporta el regadío sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, reduce considerablemente la huella hídrica.
De todas las necesidades humanas, la más exigente en agua es la alimentación. Hacen falta unos 5 litros diarios para beber. Otros 50 litros más para la higiene personal y no más de 200 litros por persona y día para los servicios urbanos y la industria. Sin embargo, para producir la comida diaria requerida por una persona se necesitan 3.000 litros de agua. No es casual, por tanto, que la agricultura sea la principal responsable de la huella hídrica y de la extracción de agua (70%). No es un problema de derroche; es achacable a la fotosíntesis, un proceso fundamental para la vida que produce biomasa a partir de CO2, luz y mucha, mucha agua: entre 300 y 600 moléculas de H2O para obtener una sola molécula de glucosa.
La política vigente del agua persigue el ahorro y su asignación prioritaria al medio ambiente, en detrimento de la agricultura. Organizaciones como WWF vienen pidiendo desde hace años que se impidan nuevos desvíos de agua hacia la agricultura (Kioto, 2003) ó que se retire el apoyo público al regadío (Ginebra, 2006). La Comisión Europea ha atendido estas peticiones. Prueba de ello es que retiró el apoyo financiero a la creación de regadíos en los Programas de Desarrollo Rural (2007-2013) y propone condicionar el apoyo a la modernización a la reducción del agua utilizada, al menos un 25%, en la programación 2014-2020 tal y como consta en el artículo 46 del Borrador del nuevo Reglamento del FEADER presentado por la Comisión, junto con el resto de propuestas legislativas para la Reforma de la PAC, en octubre pasado ante el Parlamento Europeo.
La política del agua, así como la del regadío, incurre en un doble error. Por un lado, al no distinguir entre extracción y consumo no considera la reutilización de los retornos, que no son verdaderas pérdidas ya que se incorporan al sistema hidrológico para nuevos usos, incluido el ambiental. Consecuentemente, se infravalora la eficiencia real del agua de riego, que siempre es mayor para las cuencas que para las fincas de riego, y se sobrevalora el potencial de ahorro atribuido a la mejora de los sistemas de riego. Por otro lado, al rechazar la creación de regadíos y obviar que el secano consume agua de forma particularmente ineficiente, renuncia a una importante vía de ahorro de agua, sobre todo cuando la intensificación productiva y el aumento de los rendimientos se hacen más necesarios que nunca.
La manera verdaderamente eficaz de ahorrar agua en la agricultura es reducir la evaporación ajena a los cultivos, que es la que no se traduce en producción de alimentos. Por ejemplo la del suelo, la que se produce en las infraestructuras abiertas de almacenamiento, transporte y distribución del agua de riego o la que generan las malas hierbas. Pero también logrando una mayor producción por gota evaporada, que se consigue elevando los rendimientos. Por ejemplo, mediante la transformación del secano en regadío y la aplicación de otras herramientas agronómicas.
No hay que equivocarse. Ampliar el regadío, y no sólo modernizarlo, es esencial para mejorar la productividad, la economía rural y la seguridad alimentaria. Pero también lo es para lograr el uso eficiente del agua en un contexto mundial que exige duplicar la producción de alimentos. La cuestión es dónde localizar esos nuevos regadíos, un complejo problema cuya solución no sólo es cosa de eficiencia sino, sobre todo, de equidad y justicia social. Por tanto, de “Política”.
Las Comunidades de Regantes y las Confederaciones Hidrográficas, una aportación netamente española, son parte esencial de la solución institucional para la gestión eficiente del agua de riego, que es un bien económico de naturaleza comunal y no privado ni público.
Ponencia de J. Olona en la Jornada Técnica sobre la Modernización del Regadío en la Comunidad V de Bardenas. Ejea de los Caballeros, 6 de Octubre de 2012.
Publicado por Joaquín Olona en iagua (8-07-2015)
John Nash (13-06-1928), Nobel de Economía (1995) y premio Abel de Matemáticas (2015) popularizado por la película “Una mente maravillosa” (2002), falleció el pasado día 23 de mayo junto a su esposa en un accidente de tráfico. Su contribución a la teoría de juegos es muy relevante para la gobernanza de los recursos que, como el agua, no responden necesariamente a los postulados del mercado.
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