Publicado por Joaquín Olona en iagua 14-01-2015.
El pasado 7 de Enero, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón clausuró los actos de celebración del centenario de la Ley de 7 Enero de 1915, sobre riegos del Alto Aragón. Una ley que trascendió al ámbito estricto de su aplicación geográfica y que marcó un punto de inflexión en la gobernanza del agua.
Publicado por Joaquín Olona en iagua el 25 de marzo de 2014.
En el mundo real, muchos de los problemas económicos, sociales y políticos se asemejan a los juegos, donde los resultados dependen de las decisiones que toman determinados agentes concretos (jugadores) actuando conforme a estrategias que tienen en cuenta la influencia conjunta de las decisiones propias y ajenas.
El ejemplo que se muestra, inspirado en el formulado por K. Madani (2010), reproduce el Dilema del Prisionero (A. W. Tucker, 1950), un juego que sirve de modelo para muchos de los conflictos del agua y de los recursos naturales (Carraro et al, 2005). Demuestra que el interés privado no necesariamente conduce al interés general. También, que la asignación eficiente del agua exige instituciones más complejas, avanzadas y descentralizadas que las que rigen el libre y simple juego de la oferta y la demanda.
Ponencia de Joaquín Olona en la Jornada sobre Modernización de Regadíos y Concentración Parcelaria celebrada en Lanaja (Huesca) el 22-03-2014.
El ahorro de agua, en los términos absolutos y condiciones exigidas por la Comisión Europea para que la modernización del regadío pueda beneficiarse de las ayudas al desarrollo rural con cargo al FEADER, los Estados miembros y los particulares, no debe ser la razón para que los regantes la lleven a cabo y asuman las elevadas inversiones que conlleva.
Lo que justifica la modernización, la hace imprescindible y asegura su viabilidad económica, social y ambiental, es el aumento de la productividad y la eficiencia del trabajo agrícola y del resto de los factores, entre ellos el agua, así como la reducción de la contaminación de los retornos de riego y la mejora de las condiciones de vida del regante.
Los estudios disponibles demuestran que la modernización es muy eficaz para el logro de los objetivos señalados, que no necesariamente se traduce en ahorros efectivos de agua a la escala que interesa (cuenca u subcuenca hidrológica). Porque los consumos reales (agua evaporada) de partida en el regadío a modernizar siempre son una fracción del agua utilizada -tanto menor cuanto más baja es la eficiencia- y porque el aumento de producción exige, inexorablemente, más consumo (evaporación) de agua.
La modernización supone, por lo general, introducir consumos significativos de energía donde no los había. Es por ello que es preciso seleccionar con acierto la solución técnica a adoptar. Un uso más eficiente del agua a costa de la introducción de costes energéticos inasumibles para los regantes no es una opción.
Pero la modernización tecnológica no es suficiente. Para que el regadío pueda afrontar los retos de la gobernanza del agua es preciso desarrollar nuevas normas y reglas específicas que antepongan la acción colectiva, la cooperación y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Porque siendo el agua un bien económico, no es de naturaleza comercial sino común. Y porque no es ningún interés particular el que debe prevalecer sino el del conjunto de los usuarios.
Exceptuar al agua de riego de la plena recuperación de costes sigue siendo una decisión política.
En el ámbito de la OCDE, la tendencia general vigente, es la reducción del apoyo público a la agricultura manteniendo diferencias muy acusadas en relación con dicho apoyo. Pero ninguno de los países desarrollados plantea eliminar completamente su ayuda a la agricultura, incluso en el caso de Nueva Zelanda, el miembro de la OCDE que más la ha reducido. Esta organización reconoce que la regresión de las ayudas observada durante los últimos años obedece más a la favorable evolución de los precios agrícolas que a la eficacia de las políticas aplicadas. Al igual que la OCDE la Organización Mundial de Comercio, no exige exactamente que se eliminen las ayudas agrícolas sino que se apliquen de forma que no distorsionen los mercados.
El pasado mes de diciembre la Unión Europea aprobaba el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2014, asignando una dotación de 373.179 millones de euros para el apoyo a la agricultura y el desarrollo rural (PAC). El pasado 30 de enero de 2014, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobaba la nueva Farm Bill, con vigencia hasta 2019 y 1 billón (europeo) de dólares para apoyo a la agricultura y la alimentación.
Potencias emergentes como China o Brasil, con el cambio de siglo, cambiaron sus enfoques de política fiscal y agrícola. Dejando de considerar la agricultura como fuente de ingresos, que es lo habitual en los países menos desarrollados, pasaron a subsidiarla.
El apoyo a la agricultura y a la alimentación, es una decisión política que, en las democracias, se refleja en su corpus legislativo o, incluso, constitucional. Tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 39, como la Constitución Española, en su artículo 130, manifiestan la voluntad de una acción pública a favor de la agricultura.
Establecida la voluntad política de que la agricultura sea objeto de apoyo público, surge la cuestión de cuál debe ser su intensidad y cómo aplicarlo. Un problema de naturaleza también política para cuya solución el análisis técnico tan sólo puede ofrecer un marco de reflexión.
Una herramienta de apoyo a la agricultura es la exceptuación de la recuperación de ciertos costes en los que incurre, como los asociados al agua
Una posible herramienta de apoyo a la agricultura, de hecho aplicada, es la exceptuación de la recuperación de ciertos costes en los que incurre. Por ejemplo, los asociados al agua.
El principio de recuperación de costes no es una ley natural ni un axioma incuestionable; tan sólo es un enunciado político. No obstante, la obligación de que dicha recuperación sea completa en el agua no figura, como tal, en ninguna norma comunitaria ni nacional. El artículo 9 de la Directiva Marco del Agua así como el Real Decreto-Ley 17/2012 de modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, sí que contemplan, por el contrario, la posibilidad de que ciertos usos puedan quedar exceptuados de dicha recuperación, siempre y cuando no se perjudiquen los intereses ambientales.
Exceptuar al agua de riego de la plena recuperación de costes, estableciendo el nivel concreto de la exención y su consiguiente imputación como ayuda pública, sigue siendo una decisión política. No obstante, se trata de un enfoque compatible con el marco legal vigente y con la política de apoyo público a la agricultura, resultando una solución razonable, justificable y muy recomendable:
- El regadío es determinante para la seguridad alimentaria. Representando el 21 % de la superficie cultivada y el 12% de toda el agua evaporada por los cultivos, concentra el 40% de la producción agrícola mundial. El 35 % de la población mundial vive en zonas áridas donde la viabilidad de la agricultura depende del regadío. En el caso de España, el regadío supone el 13% de la superficie agrícola utilizada y más del 50 % de la producción final agraria.
- En términos generales, la desfavorable situación de las rentas de los agricultores respecto de las del resto de los sectores y que justifica el apoyo público a la agricultura, hace que la capacidad de pago de las explotaciones sea muy escasa para afrontar aumentos significativos de los costes del agua actualmente ya repercutidos.
- La elevada inelasticidad que presenta el agua de riego hace que los aumentos en los costes repercutidos deban ser muy elevados para que se traduzcan en reducciones significativas de los consumos. Tanto que, por sus efectos desfavorables sobre las rentas agrarias, no conducen al ahorro de agua propiamente dicho sino al abandono del regadío e incremento de las necesidades de ayuda pública al sector.
- No obstante, la situación de la recuperación de costes de los servicios del agua en relación con el regadío presenta una elevada complejidad y variabilidad incluso dentro de una misma cuenca hidrográfica. No es descartable la existencia de situaciones en las que la recuperación del coste de los servicios resulte insuficiente y pueda aumentarse. Pero tampoco lo es el hecho de que los costes repercutidos puedan resultar desproporcionados en relación con el alcance y calidad de los servicios realmente ofrecidos que, en algunos casos, son nulos.
- La determinación de los costes adicionales a los de los servicios del agua, es decir, los costes ambientales y los del recurso propiamente dicho, plantean problemas jurídicos, económicos y operativos de tal complejidad que los hacen inaplicables en la práctica.
Exceptuar al agua de riego de la plena recuperación de costes sigue siendo una decisión política
- No es cierto que los precios resultantes de los mecanismos competitivos de oferta y demanda conduzcan siempre a la asignación eficiente de los recursos y menos todavía en el caso del agua de riego. Un recurso que, por su elevada rivalidad y dificultad de exclusión (naturaleza económica común), requiere de soluciones institucionales más específicas y sofisticadas que el libre mercado. Una lección que debería darse por aprendida en España atendiendo al reconocimiento internacional de sus Tribunales de Agua, Sindicatos de Riegos, Comunidades de Usuarios y Confederaciones Hidrográficas.
- La contaminación de las aguas y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas a la agricultura, particularmente al ciclo del nitrógeno, no pueden circunscribirse exclusivamente al regadío. También contamina y emite el secano. No obstante, por su carácter difuso, no está demostrado que la aplicación del principio de “quien contamina paga” resulte eficaz para combatir la contaminación y las emisiones agrícolas. Más bien, la realidad muestra que se trata de un principio inaplicable a la agricultura en la práctica.
- Por tratarse de un mal de naturaleza común (elevada rivalidad y dificultad de exclusión), lo mismo que los riesgos agrarios o las plagas y enfermedades, la contaminación y las emisiones difusas agrícolas también exigen soluciones institucionales más específicas y complejas que los precios de mercado y las tasas o impuestos públicos. Unas soluciones que, al igual que en el caso del agua, deben basarse en la acción colectiva y en la cooperación así como en la capacidad para promover e incentivar la aplicación de buenas prácticas agrarias al tiempo que evitar la introducción de costes efectivos o de transacción desproporcionados.
- Los costes no recuperados del agua de riego, junto con otros costes y beneficios que el mercado de los alimentos no reconoce, se traducen en beneficio de los consumidores finales que, en el mundo desarrollado, disfrutan de una alimentación segura y muy asequible pero que no pagan íntegramente.
Aceptar la exceptuación parcial de los costes del agua de riego no deja de ser más que el reconocimiento de una realidad que siempre ha estado vigente. Igualmente, la imputación del coste no recuperado con cargo a las ayudas agrícolas públicas es un enfoque ya adoptado y aplicado internacionalmente (indicador PSE de la OCDE). Sin embargo, su aceptación formal y operativa, su aplicación eficaz y efectiva así como el logro de los objetivos de eficiencia y sostenibilidad vigentes exige profundas innovaciones y avances institucionales. Un propósito totalmente acorde con el carácter inteligente, sostenible e integrador del crecimiento por el que apuesta la Unión Europea en su Estrategia 2020.
Por Joaquín Olona. Publicado en iagua 5 de junio de 2013.
El reconocimiento mundial de las soluciones institucionales españolas en materia de agua contrasta con la escasa valoración y atención que nuestra propia sociedad les viene concediendo durante los últimos tiempos.
A punto de que la propuesta original de creación de las actuales Confederaciones Hidrográficas cumpla su primer centenario y sin que tales instituciones hayan logrado desarrollar todo el potencial que concibieron sus creadores, la situación de la gobernanza del agua resulta tan preocupante como intolerable les pareció en 1913 a quienes promovieron el Primer Congreso Nacional de Regadíos de Zaragoza.
La Federación Agraria Aragonesa, preocupada por la situación a la que estaban conduciendo las que a su juicio eran injustificadas y exacerbadas campañas en contra de las obras hidráulicas y el regadío, el 28 de junio de 1913 acordó celebrar, en Zaragoza, un congreso en el que .
Entre los días 2 y 6 de octubre de 1913, en la entonces Facultad de Medicina y Ciencias, ahora Rectorado de la Universidad de Zaragoza-, se celebró el Primer Congreso Nacional de Riegos. Contó con 657 inscritos pertenecientes a 312 entidades de toda España y tuvo una enorme trascendencia.
Este primer Congreso puso en marcha un profundo debate que, junto con las sucesivas ediciones de Sevilla (1918), Valencia (1921), Barcelona (1927) y Valladolid (1934), influyó de manera decisiva en el desarrollo de las políticas hidráulica y agraria españolas de la primera mitad del siglo XX.
Pero el Congreso de Zaragoza de 1913 tuvo, por sí mismo, una importancia capital. Sobre todo por dos aportaciones que derivaron innovaciones institucionales de primer orden, la de Manuel Marraco y la de Félix Martínez Lacuesta.
El abogado y político aragonés Manuel Marraco –Ministro de Hacienda entre marzo de 1934 y abril de 1935-, en su ponencia “”, reclama la moralización de la política, la necesidad de remover los excesivos obstáculos existentes entre los legisladores y los ciudadanos poderdantes, la utilidad social e interés general de las obras hidráulicas, cuya realización debe ser confiada al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, la exclusividad de las Comunidades de Regantes como concesionarias de tales obras así como la conveniencia de que los recursos naturales, cuya utilización conviene a la colectividad, sean exclusivamente explotados por la entidad política más directamente interesada.
Félix Martínez Lacuesta, abogado, político y bodeguero riojano, en su ponencia “” propone crear una entidad independiente que, representando los intereses más análogos de la cuenca del Ebro, aporte la fuerza y la inteligencia necesaria para ejercer una acción común encaminada a convertir en realidad las aspiraciones de carácter económico que previamente incluya en su programa. En concreto propone abordar el Plan de Riegos del Alto Aragón, que por su dimensión afecta a toda España, regularizar el caudal del Ebro mediante el Pantano de Reinosa, potenciar la producción hortofrutícola para su exportación a Londres y el Norte de Europa, desarrollar las redes de transporte y las estructuras comerciales necesarias para acceder a tales mercados, imponer la acción común para luchar contra las plagas del campo y reforzar la guardería rural ya que los frutos que son valiosos, por ser más apetecibles, necesitan de mayor vigilancia.
La ponencia de Martínez Lacuesta, al introducir la idea de unidad de cuenca y llamar a la implicación directa de todos los interesados en la gestión de los recursos, se considera el germen de las Confederaciones Hidrográficas. Así lo declara expresamente el padre de las Confederaciones Hidrográficas, Manuel Lorenzo Pardo tras lograr que el 5 de marzo de 1926 el Gobierno de entonces no sólo aprobara la primera Confederación Hidrográfica del mundo, la del Ebro, sino que, valorando el interés de la idea, aprobara ese mismo día otro RD por la que se autorizaba, con carácter general, la creación de tales entidades - Confederaciones Sindicales Hidrográficas- en el resto de las cuencas. Una aportación netamente española a la gobernanza del agua, de particular interés para los contextos hidrológicos en los que, sin regulación hidráulica, no puede disponerse de agua con la seguridad física y jurídica necesaria. Una aportación que enseguida empezó a extenderse por todo el mundo.
El reconocimiento mundial de las soluciones institucionales españolas en materia de agua contrasta con la escasa valoración y atención que nuestra propia sociedad les viene concediendo durante los últimos tiempos. Como también es escasa y muy insuficiente la atención prestada por las autoridades comunitarias, empeñadas en promover soluciones basadas en la competencia y el mercado. Y todo ello, a pesar de que los enfoques institucionales basados en la cooperación y en la acción colectiva, plenamente coherentes con aportaciones científicas más recientes, reconocidas incluso con el Premio Nobel como es el caso de John Nash (1994) o de Elinor Ostrom (2009).
Existen suficientes evidencias científicas, empíricas, históricas y culturales para poder afirmar que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones específicas que generen incentivos coherentes con los objetivos, anteponiendo la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Consecuentemente, es preciso asegurar la participación efectiva y responsable de los usuarios y representantes de la ciudadanía, profundizando en la institucionalización de los procesos de negociación y concertación en los que debe traducirse la cooperación. Por todo ello, las Comunidades de Usuarios, la Confederaciones Hidrográficas y el principio de unidad de cuenca aportan fundamentos institucionales de gran valor, que permiten afrontar los retos del siglo XXI y ser referentes europeos si se aborda un proceso de impulso y desarrollo institucional coherente con las nuevas exigencias y necesidades.
Habiendo transcurrido un siglo desde que Félix Martínez Lacuesta aportara su visionaria idea de una gobernanza del agua basada en la unidad de cuenca y en la participación directa de los usuarios, es momento de promover un nuevo impulso institucional acorde con los retos del siglo X Partenariado del Agua del Ebro que, al igual que se hizo hace cien años, llama a defender su opinión a todos quienes deseen hacerlo, con la seguridad de que todos hallarán el merecido respeto.
Por Joaquín Olona. Publicado en iagua el 8 de mayo de 2013.
Más grave que la escasez física es la contaminación y la falta de inversión. La innovación, tanto tecnológica como, sobre todo, institucional resulta esencial para hacer frente a los retos del agua.
El paradigma vigente en relación con el agua descansa en la idea de su escasez física, lo que lleva a poner todo el énfasis en el ahorro. Sin embargo, muchos de los problemas tienen su origen en la mala gestión de los poderes públicos (LLAMAS, M. R., 2005). El actual enfoque del debate sobre la crisis del agua resulta cuestionable por entender que lo más grave no es la escasez sino la contaminación y la falta de inversión (BISWAS, A., 2005).
En realidad, el agua es un recurso globalmente abundante si bien las condiciones locales imponen obstáculos que, con las herramientas tecnológicas, económicas e institucionales actualmente disponibles, pueden resultar insalvables salvo que se aborden profundas acciones de innovación tecnológica e institucional.
El agua dulce (35 millones de Km3) representa una pequeña fracción de toda el agua del planeta (1.400 millones Km3) respecto de la que la lluvia anual que reciben las tierras emergidas (110.000 Km3) resulta prácticamente un volumen insignificante. Algo menos de la mitad de la lluvia acaba en los ríos, lagos y acuíferos (42.000 Km3). El resto la retiene el suelo para evaporarla directamente o a través de las plantas (68.000 Km3). La primera, el “agua verde”, por ser objeto de extracción centra la atención de la planificación hidrológica convencional que excluye la segunda, el “agua verde”. Ambas, la azul y la verde, configuran el recurso renovable si bien la verde también queda excluida del agua “económicamente accesible”, un concepto relativo por estar ligado a las tecnologías disponibles en el momento y a las posibilidades económicas para su aplicación. Su volumen varía según las fuentes entre 9.000 y 14.000 Km3 anuales.
La extracción total de agua se cifra en 3.800 Km3 (FAO) lo que equivale a 30 partes por millón del volumen total de agua existente en el Planeta y al 9% del agua azul. Sin embargo, la contaminación incide de forma mucho más extensa, pudiendo llegar a afectar a la práctica totalidad del recurso. De ahí la relevancia de la calidad de las aguas y de la lucha contra su contaminación.
El regadío es responsable del 69 % de todas las extracciones de agua, representando el 6,23 % de los recursos renovables extraíbles; la FAO prevé que las extracciones del regadío aumentará, hasta 2050 un 11% (BRUINSMA, J. 2009).
Los ríos son las fuentes de agua sobre los que el impacto de las actividades humanas resulta particularmente aparente y visible. Sobre todo por la magnitud de los volúmenes de extracción, vertido y contaminación, en relación con la escasa proporción de agua azul que representan (5%). La Declaración de Brisbane (Austria, 2007) señala que los caudales ecológicos son esenciales para la salud de los ecosistemas de agua dulce y el bienestar humano. Sin embargo, el mantenimiento de estos caudales resulta uno de los aspectos más controvertidos, sobre todo cuando los caudales son temporalmente irregulares y/o tratan de regularse hidráulicamente.
De todas las necesidades humanas, la más exigente en agua es la alimentación. Se necesita entre 50 y 100 veces más agua para producir nuestra comida que la que utilizamos en nuestra casa (FALKENMARK, M., 2012). Hacen falta unos 5 litros diarios para beber, otros 50 litros más para la higiene personal y no más de 200 litros por persona y día para los servicios urbanos y la industria. Sin embargo, para producir la comida diaria requerida por una persona se necesitan 3.000 litros de agua. Una cantidad en gran medida determinada por dos factores naturales esenciales. Uno es el clima, que determina el nivel de evapotranspiración de los cultivos. El otro es el rendimiento fotosintético, un proceso extraordinariamente exigente en agua que, para fijar CO2 y producir una sola molécula de glucosa necesita entre 300 y 600 moléculas de H2O. No es casual, ni consecuencia del derroche, que la agricultura sea la principal responsable de la huella hídrica y de la extracción de agua.
La huella hídrica total de la humanidad, que es la cantidad de agua utilizada para producir todos los bienes y servicios consumidos, se cifra en 9.087 Km3/año (HOEKSTRA & MAKONNEN, 2012). Representa algo menos del 10% de la precipitación anual. La huella azul o consumo procedente de los ríos, lagos y acuíferos (huella azul) se valora en 1.025 Km3/año. Teniendo en cuenta los 3.800 Km3/año a los que asciende la extracción total (FAO), el consumo real (evaporación) tan sólo sería una cuarta parte de dicha extracción; las tres cuartas partes restantes estarían siendo devueltas al sistema hidrológico tras su utilización. De ahí la importancia de subrayar la diferencia entre “extracción” y “consumo” así como la importancia de los “retornos” o volúmenes devueltos, normalmente contaminados y con pérdida de energía potencial, al sistema hidrológico tras el uso.
La agricultura contribuye con el 92 % a la huella hídrica total. Pero mientras que en el caso de los usos industriales y domésticos toda la huella es azul, en el caso de la agricultura la huella verde es 7 veces mayor que la azul. En realidad, toda la huella verde corresponde a los cultivos. También es destacable el hecho de que siendo tan determinante la agricultura en la huella total, lo es menos en la llamada huella gris (53%), que es la cantidad de agua equivalente para diluir los contaminantes hasta un nivel aceptable.
El regadío mundial se ha duplicado prácticamente durante los últimos 50 años hasta alcanzar en 2010 una superficie de 318 millones ha; supone el 20% de la superficie agrícola mundial y concentra el 40% de la producción agrícola (FAOSTAT). A partir de los resultados de Hoekstra & Makonnen (2012) cabe atribuir al regadío (huella azul) el 12% del consumo total de agua agraria. Por tanto, no es cierto que el regadío sea la actividad humana que más agua utiliza y consume tal como de forma habitual y reiterada se afirma; lo es el secano (huella verde). Teniendo en cuenta su significación productiva y que el aumento del rendimiento por hectárea reduce considerablemente la huella hídrica (Hoekstra & Makonnen, 2011), el regadío resulta esencial para lograr la eficiencia en el uso agrario del agua.
Las posibilidades de ahorro de agua en la agricultura podrían estar sobrevaloradas, particularmente en cuencas limitadas donde las medidas de control de la demanda suelen dar lugar a que algunos usuarios puedan aumentar sus consumos en detrimento de los usuarios aguas abajo y donde se pone de manifiesto que la gestión del suministro sigue siendo la forma más efectiva de reducción del uso y que, en muchos casos, el aumento del mismo es inevitable (MOLLE & TURRAL, 2004).
Las mejoras tecnológicas del riego suelen ir asociadas a una mayor intensificación productiva y un aumento en el consumo de agua (PERRY, C., 2008). El incremento de los rendimientos de los cultivos conlleva mayores consumos absolutos de agua (KELLER, A. & SECKLER, D., 2005). La modernización de regadíos mejora la eficiencia del uso del agua en las explotaciones y su productividad, reduciendo también la contaminación del medio hídrico; sin embargo, no reduce necesariamente los volúmenes de agua utilizados tendiendo incluso a incrementarlos (LECINA, S., ISIDORO, D., PLAYÁN, E., ARAGÜES, R. 2009).
Suele ignorarse que la agricultura, aunque a menudo en una forma degradada, devuelve volúmenes significativos de agua al sistema hidrológico (BURKE, J. el al., 2004) que no son verdaderas pérdidas por incorporarse al sistema hidrológico para nuevos usos, incluido el ambiental. A escala regional, las fracciones de consumo y de reutilización son mucho más relevantes que la eficiencia de riego propiamente dicha (ALLEN, R.G. et al., 2005). Esto exige usar la cuenca agrícola como unidad de evaluación, en un enfoque de gestión integrada, que permita tener en cuenta la multiplicidad de los usos del agua y considerar la calidad de los flujos de retorno (FERNÁNDEZ, M.S., 2007).
Poner todo el énfasis en la mejora de la eficiencia técnica de riego en las fincas, tratando de reducir todo tipo de pérdidas y sin tomar en consideración el ámbito más amplio de la cuenca, la reducción del volumen de retorno a los cauces y a los acuíferos puede ocasionar otros impactos negativos sobre el medio ambiente y el equilibrio de los recursos (PERRY, C., 2008). Comprender la diferencia entre uso y consumo así como sus implicaciones hidrológicas resulta imprescindible para la elaboración de políticas de agua sensatas. Las interacciones entre las políticas agrícolas y las del agua son complejas y su comprensión resulta crucial para el logro de una gestión eficiente del agua (FLICHMAN, G. et al., 2004).
El ahorro de agua puede carecer de sentido en los regadíos infradotados y alejados de su potencial productivo. Sobre todo, si para lograrlo se introducen costes energéticos, o de otra naturaleza, desproporcionados.
La manera verdaderamente eficaz de ahorrar agua en la agricultura es reducir la evaporación ajena al cultivo propiamente dicho, que es la que no se traduce en producción de alimentos. Por ejemplo la del suelo, la que se produce en las infraestructuras abiertas de almacenamiento, transporte y distribución del agua de riego o la que generan las malas hierbas. Pero también logrando una mayor producción por gota evaporada, lo que se consigue elevando los rendimientos, por ejemplo, mediante la transformación el secano en regadío y la aplicación de otras herramientas agronómicas y tecnológicas.
Sin embargo, lo esencial en relación con el agua es la innovación, tanto tecnológica como, sobre todo, institucional. La asignación del agua entre los diferentes usos, además de eficiente, debe ser justa. Lograrlo depende de la puesta a punto y perfeccionamiento de mecanismos que incentiven la cooperación, la negociación y la concertación entre los agentes implicados. Unos mecanismos que difícilmente pueden encontrarse en los mercados ni en los estados sino que deben surgir de la acción colectiva de los propios usuarios.
Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón, 24 de junio de 2015.
Paralizar de nuevo el embalse de Biscarrués, proyectado en el río Gállego, no contribuye necesariamente al bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, al interés general. Al igual que los intereses económicos son particulares cuando los beneficios se circunscriben a un grupo social limitado lo mismo cabe decir respecto de los intereses ambientales cuando no están legitimados por la mayoría social.
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