Ponencia de Joaquín Olona en la Jornada sobre Modernización de Regadíos y Concentración Parcelaria celebrada en Lanaja (Huesca) el 22-03-2014.
El ahorro de agua, en los términos absolutos y condiciones exigidas por la Comisión Europea para que la modernización del regadío pueda beneficiarse de las ayudas al desarrollo rural con cargo al FEADER, los Estados miembros y los particulares, no debe ser la razón para que los regantes la lleven a cabo y asuman las elevadas inversiones que conlleva.
Lo que justifica la modernización, la hace imprescindible y asegura su viabilidad económica, social y ambiental, es el aumento de la productividad y la eficiencia del trabajo agrícola y del resto de los factores, entre ellos el agua, así como la reducción de la contaminación de los retornos de riego y la mejora de las condiciones de vida del regante.
Los estudios disponibles demuestran que la modernización es muy eficaz para el logro de los objetivos señalados, que no necesariamente se traduce en ahorros efectivos de agua a la escala que interesa (cuenca u subcuenca hidrológica). Porque los consumos reales (agua evaporada) de partida en el regadío a modernizar siempre son una fracción del agua utilizada -tanto menor cuanto más baja es la eficiencia- y porque el aumento de producción exige, inexorablemente, más consumo (evaporación) de agua.
La modernización supone, por lo general, introducir consumos significativos de energía donde no los había. Es por ello que es preciso seleccionar con acierto la solución técnica a adoptar. Un uso más eficiente del agua a costa de la introducción de costes energéticos inasumibles para los regantes no es una opción.
Pero la modernización tecnológica no es suficiente. Para que el regadío pueda afrontar los retos de la gobernanza del agua es preciso desarrollar nuevas normas y reglas específicas que antepongan la acción colectiva, la cooperación y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Porque siendo el agua un bien económico, no es de naturaleza comercial sino común. Y porque no es ningún interés particular el que debe prevalecer sino el del conjunto de los usuarios.
Ponencia de Joaquín Olona en la Jornada sobre Modernización de Regadíos y Concentración Parcelaria celebrada en Lanaja (Huesca) el 22-03-2014.
El ahorro de agua, en los términos absolutos y condiciones exigidas por la Comisión Europea para que la modernización del regadío pueda beneficiarse de las ayudas al desarrollo rural con cargo al FEADER, los Estados miembros y los particulares, no debe ser la razón para que los regantes la lleven a cabo y asuman las elevadas inversiones que conlleva.
Lo que justifica la modernización, la hace imprescindible y asegura su viabilidad económica, social y ambiental, es el aumento de la productividad y la eficiencia del trabajo agrícola y del resto de los factores, entre ellos el agua, así como la reducción de la contaminación de los retornos de riego y la mejora de las condiciones de vida del regante.
Los estudios disponibles demuestran que la modernización es muy eficaz para el logro de los objetivos señalados, que no necesariamente se traduce en ahorros efectivos de agua a la escala que interesa (cuenca u subcuenca hidrológica). Porque los consumos reales (agua evaporada) de partida en el regadío a modernizar siempre son una fracción del agua utilizada -tanto menor cuanto más baja es la eficiencia- y porque el aumento de producción exige, inexorablemente, más consumo (evaporación) de agua.
La modernización supone, por lo general, introducir consumos significativos de energía donde no los había. Es por ello que es preciso seleccionar con acierto la solución técnica a adoptar. Un uso más eficiente del agua a costa de la introducción de costes energéticos inasumibles para los regantes no es una opción.
Pero la modernización tecnológica no es suficiente. Para que el regadío pueda afrontar los retos de la gobernanza del agua es preciso desarrollar nuevas normas y reglas específicas que antepongan la acción colectiva, la cooperación y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Porque siendo el agua un bien económico, no es de naturaleza comercial sino común. Y porque no es ningún interés particular el que debe prevalecer sino el del conjunto de los usuarios.
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